Como en otras partes del mundo, la inestabilidad social se agravó en África entre 2007 y 2008, al tiempo que los Gobiernos endurecían sus posturas, un reflejo del incremento de las tensiones sociales que se asocia habitualmente a los períodos de crisis económica. En general, la estabilidad política y social ha ido en aumento en el continente, al tiempo que la mayor concienciación política entre la población ha obligado a los Gobiernos a ser más responsables, como demuestran la organización de consultas electorales periódicas y la implantación de reformas estructurales en la administración pública, que han mejorado la gobernanza y aumentado la transparencia. Sin embargo, la capacidad administrativa de los Gobiernos sigue siendo débil, lo que impide la consolidación de las instituciones democráticas (especialmente en los Estados frágiles); al sistema judicial todavía no se le concede prioridad política en la mayoría de países. Son frecuentes las lagunas a la hora de implantar las regulaciones y, como resultado de ello, la aplicación de la ley no es sistemática.

Como se observa en el AEO 2007/08, la escalada de la violencia en las demostraciones de desacuerdo democrático, como huelgas o manifestaciones, sigue siendo una característica de la vida política Áfricana y en muchos casos se intensificó durante 2008. Desde finales de 2007, cuando el incremento del coste de la vida desató una serie de disturbios, las consideraciones económicas y políticas han adquirido mayor relevancia y las autoridades han tenido que encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de tomar algunas medidas para controlar el malestar y la de evitar un giro hacia el autoritarismo que limitaría los derechos civiles, incluida la libertad de prensa. Salvo algunas excepciones, la postura adoptada por los Gobiernos ante estos problemas ha sido constructiva. El reto es seguir por este camino, teniendo en cuenta las circunstancias de disminución de los recursos públicos e incertidumbre en el apoyo de los donantes.